La CNMC establece las reglas para calcular la capacidad firme de acceso a las redes eléctricas
Publicado el 19/06/2025
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una nueva resolución (RDC/DE/002/25) que concreta cómo calcular la capacidad de acceso firme de la demanda a las redes de distribución eléctrica. Esta iniciativa da continuidad al marco regulatorio fijado por la Circular 1/2024 y busca dotar de transparencia y uniformidad al proceso.
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Publicación de mapas y nueva metodología
Las empresas distribuidoras deberán seguir criterios homogéneos en todo el territorio y publicar, el próximo 9 de septiembre de 2025, los primeros mapas de capacidad de acceso firme en sus webs. Esta información estará disponible en formato editable, lo que permitirá a los solicitantes preparar su documentación conforme a lo indicado en el anexo I de la Circular 1/2024 y las garantías del Real Decreto 1183/2020.
Además, las solicitudes se resolverán por orden de llegada, sin priorizar por tipo, tamaño o ubicación del proyecto.
Principales criterios técnicos aprobados
Los aspectos técnicos clave introducidos por la CNMC incluyen:
- Potencias máximas y mínimas por nivel de tensión, que indicarán cuándo deben presentarse garantías.
- Unificación del escenario de análisis, considerando vencimientos de permisos y derechos de extensión.
- Uso de datos reales horarios para prever la demanda, empleando potencias y perfiles históricos.
- Coeficientes de simultaneidad únicos en todo el país.
- Nueva categoría de “demanda singular”, que permitirá responder a solicitudes razonables específicas.
- Definición de protocolos entre gestores de red, incluyendo intercambios de información y requisitos de informes de aceptabilidad.
Contexto: solicitudes denegadas y electrificación industrial
La resolución se publica en un contexto donde más del 60 % de las solicitudes de acceso en 2024 fueron rechazadas por falta de capacidad, afectando a unos 40 GW de potencia en instalaciones de demanda y almacenamiento.
Desde la CNMC se advierte a las industrias que electrificar sus procesos podría requerir una ampliación significativa de potencia contratada, lo que implicaría nuevos permisos de acceso.
