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El Gobierno aprueba el registro obligatorio de huella de carbono para empresas y administración

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el nuevo registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO₂, una herramienta clave para avanzar en los objetivos climáticos nacionales y europeos. Esta medida refuerza la lucha contra el cambio climático, promoviendo la sostenibilidad empresarial y pública.

Una medida estratégica para reducir emisiones

El decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), establece la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones para un conjunto de grandes empresas y todas las instituciones de la Administración General del Estado.

Como explicó la vicepresidenta y ministra Sara Aagesen, "medir la huella de carbono nos permite reducir emisiones, mejorar procesos productivos, ser más eficientes, impulsar la innovación y reducir la dependencia de combustibles fósiles”.

Este nuevo marco normativo da continuidad al registro de huella de carbono creado en 2014, que ya contabiliza más de 14.250 huellas inscritas, más de 23.000 hectáreas reforestadas y compensaciones equivalentes a 154.000 toneladas de CO₂. Ahora, se amplía su alcance para incluir nuevas tipologías de proyectos y huellas de carbono asociadas a eventos.

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Empresas afectadas por la nueva normativa

La norma afecta a las empresas que, conforme a la Ley 11/2018 sobre información no financiera, tengan más de 500 empleados o sean consideradas grandes empresas o entidades de interés público. Estas deberán calcular su huella de carbono anualmente y establecer planes concretos de reducción.

El decreto también incluye a todos los ministerios, organismos autónomos y entidades públicas del Estado. Estos deberán calcular anualmente su huella de carbono y ajustarse a los nuevos estándares de gestión medioambiental establecidos en la norma.

Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su compromiso con una economía baja en carbono, fomentando el desarrollo de proyectos de compensación y absorción de CO₂, como los proyectos forestales nacionales, que no solo capturan carbono, sino que también generan beneficios sociales y ambientales.